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Preocupa a la AMDA la penalización por compra de vehículos nuevos en efectivo

Inquieta la Estrategia Nacional para Prevención y el Combate de lavado de dinero propuesta por  Calderón

La prohibición a la compra de automotores nuevos en efectivo con valor superior a los 100 mil pesos que incluye el Proyecto de Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al terrorismo, podría impactar la adquisición de vehículos nuevos, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los asociados a la AMDA están a favor de cualquier medida que ayude a reducir los niveles de delincuencia. Sin embargo, estamos en un mercado donde el tamaño de la economía informal es superior a la formal, donde la penetración del crédito y los niveles de bancarización de la población aún son bajos.

Por lo tanto, la AMDA prevé una afectación a las ventas de vehículos debido a las medidas propuestas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, anunciada por el Presidente Felipe Calderón, en la que se incluyen restricciones a la comercialización de vehículos.

La AMDA puntualizó que no está en contra del lavado de dinero pero las estrategias para combatir este tipo de ilícito deben estar encuadradas dentro del contexto de cómo se llevan a cabo las operaciones tradicionales de compra-venta de vehículos, sobre todo cuando actualmente el 60% de estas transacciones se realizan de contado, muchas de ellas en efectivo.

La asociación de distribuidores del país recordó que la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los distribuidores a reportar al fisco las operaciones superiores a los 100 mil pesos en efectivo; no obstante, con la nueva medida la autoridad extralimitaría las atribuciones de fiscalización de los vendedores de vehículos al prohibir la comercialización en efectivo por montos superiores al señalado.

Por otra parte, se establecerá la obligación al distribuidor de “identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la SHCP”.

Asimismo se establece un deber para todo aquél que reciba recursos de cerciorarse, con los medios que estén a su alcance, de que no sean de procedencia ilícita.

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado administrativa y penalmente hasta con 15 años de prisión.

Ante ello cabe el cuestionamiento respecto a la exposición a la que se someterá a los comercializadores, debido al poder criminal que ha sometido incluso a funcionarios públicos con altos niveles de protección a su alcance.

Al respecto, la AMDA ve con preocupación que se trasladen responsabilidades del Estado a los agentes económicos, ya que en su opinión deben de fortalecerse las acciones de vigilancia en las aduanas para evitar el trasiego del dinero en efectivo producto de las actividades del crimen organizado, así como incrementar el control de los circuitos financieros y la colaboración internacional en la materia.

Se trata de no criminalizar las actividades económicas que no se realizan a través de los diversos instrumentos bancarios existentes, que es donde el Estado debería estar poniendo su mayor énfasis para detectar operaciones fraudulentas.

Por último, la AMDA expuso que analizarán la iniciativa de ley que el Gobierno Federal enviará al Congreso de la Unión para su aprobación, con lo que se evaluará con mayor precisión su impacto al sector.

En este orden de ideas adelantó que el sector automotor tendrá acercamientos con las diferentes instancias legislativas, principalmente con la Comisión Especial de la Industria Automotriz en la Cámara de Diputados, presidida por el coahuilense Melchor Sánchez, con objeto que lo que se apruebe cumpla el objetivo de frenar al crimen organizado sin demérito de las justas y legales actividades económicas del sector automotriz.

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