Urge frenar amparos que facilitan importación de vehículos usados, AMDA
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Urge frenar amparos que facilitan importación de vehículos usados, AMDA

Este tipo de unidades con sus impactos negativos en los precios de autos usados nacionales

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pide al  Poder Judicial y Ejecutivo frenar los amparos que están otorgando a empresas y particulares para continuar internando a México vehículos usados extranjeros, lo que sería la antesala de otra oleada de este tipo de unidades con sus impactos negativos en los precios de autos usados nacionales, la competencia desleal a hacia los comerciantes legalmente establecidos, así como el derroche energético y la seguridad vial.

Tras el otorgamiento de nuevos amparos para continuar con la introducción masiva de vehículos usados extranjeros a nuestro país sin el cumplimiento del pago de aranceles y reglas marcados en el Decreto para la Importación de Vehículos Usados, la AMDA.

El 22 de agosto de 2005, el Gobierno Federal publicó el Decreto que estableció las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, mejor conocido como ‘Chocodecreto’, el cual, a pesar de su endurecimiento de requisitos en 2008, ha permitido la introducción a México de más de 6 millones de vehículos chatarra.

En 2010, la empresa Estructura Automotriz y el comerciante Francisco Zazueta Félix, principalmente, y otras cinco compañías más, obtuvieron amparos federales que les facilitaron continuar con la introducción masiva de este tipo de unidades a nuestro país sin cumplir con los requisitos del Decreto.

Ahora, con la autorización de un magistrado federal de Mexicali para continuar explotando dichos amparos, estamos en la antesala de otra oleada de vehículos basura, tal como lo anticipó el sector automotor desde el 2005, con todos los efectos negativos que esto representa como la deformación de precios de autos usados y la competencia desleal de ventas de vehículos a pie de calle contra los comerciantes legalmente establecidos.

Basta decir que entre enero y junio de 2011 se han importado a México alrededor de 367 mil unidades usadas, cifra que represento casi el 80% de las más de 400 mil unidades nuevas que se llevan vendidas en el mercado interno, según cifras de la AMDA y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es importante anotar que el promedio mensual de vehículos importados usados durante el primer semestre de 2011 fue de 61 mil 155 unidades, cifra que contrasta sensiblemente con los 17 mil 448 vehículos importados en julio pasado, justamente cuando entró en vigor el nuevo decreto emitido por el gobierno del Presidente Calderón y que dejó sin efecto los amparos en contra del decreto vigente hasta el mes de junio.

«Necesitamos el apoyo convencido del Gobierno Federal y de los Jueces y Magistrados para impedir que se sigan introduciendo vehículos usados sin cumplir los requisitos del Decreto, así como acelerar el establecimiento yejecución de las normas de condiciones físico-mecánicas y de emisiones al medio ambiente que impidan que  unidades que no cumplan con estas condiciones no puedan entrar a México», afirmó Guillermo Rosales, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.

El vocero de la asociación de distribuidores comentó que continuarán trabajando en el seno del Consejo Automotor con las asociaciones del sector como AMIA, ANPACT, INA y ANCA, así como las diferentes instancias del Poder  Ejecutivo y Legislativo, para implementar las normas que mejoren las condiciones de las unidades usadas que pretendan ser introducidas a nuestro país.

«El Decreto emitido el pasado primero de julio por el Gobierno Federal tiene por objeto regular de forma más adecuada las importaciones de vehículos usados; no obstante los amparos que permiten la entrada a México sin cumplir los requisitos como Certificado de Origen o el pago correcto de los aranceles respectivos echa por la borda todo el esfuerzo institucional y lesiona seriamente a la economía nacional. Por ello, invitamos al Poder Judicial a que se sume a este esfuerzo no otorgando nuevas autorizaciones a empresas y particulares para continuar con su práctica desleal al comercio formal», agregó Rosales.